La Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, dejará de intervenir como querellante en las causas que investigan a actuales y ex funcionarios públicos, en sintonía con el nuevo perfil de “rol preventivo” que su titular, Félix Crous, busca darle al organismo desde que ocupa el máximo cargo, aunque también debido a la falta de personal.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, señala la resolución.
De esta manera, la OA mantendrá su actuación en aquellos expedientes que ya transitan el proceso de las audiencias del juicio, como el caso de “la ruta del dinero K”, en la que ya se concretaron los alegatos de las querellas.
Según Crous, hay falta de personal y limitaciones presupuestarias. “Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, explica el funcionario.
Desde 2018, siempre de acuerdo al titular de la OA, “la dotación sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”.
