En un fallo que sacude los cimientos del fútbol argentino, la Justicia en lo Penal Económico procesó este lunes a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a su mano derecha y tesorero, Pablo Toviggino. La medida se da en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y aportes previsionales.
La denuncia, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que la AFA actuó como agente de retención de impuestos a terceros pero omitió transferir esos fondos al Estado dentro de los plazos legales. Según la investigación judicial, la maniobra abarca el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, involucrando una deuda que supera los $19.000 millones. El monto total bajo la lupa corresponde a retenciones no ingresadas del IVA, el Impuesto a las Ganancias y diversas contribuciones a la seguridad social.
Pese a que desde la calle Viamonte argumentan que la deuda fue cancelada, la Justicia advierte que el pago se realizó fuera de término, lo que no anula la comisión del delito.
Además del procesamiento, el juez Amarante dispuso un embargo preventivo de $350 millones sobre los bienes de cada dirigente. Asimismo, se ratificó la restricción para que Tapia pueda abandonar el país mientras avance el proceso judicial.
El presidente de la Nación se refirió al caso para marcar distancia de cualquier tinte político en la causa. Milei subrayó que la presentación fue estrictamente técnica por parte de ARCA: “Si el organismo no actuara, estaría incumpliendo sus deberes. En la Argentina de hoy, nadie está por fuera de la ley y todos deben rendir cuentas”, sentenció el mandatario.
Antes de conocerse el avance de esta causa, la entidad madre del fútbol local emitió un comunicado oficial defendiendo la gestión de Tapia, que ya lleva nueve años al frente de la institución. En el documento, la AFA destaca una supuesta “normalización institucional” y una estructura «más sólida y transparente», una narrativa que hoy contrasta fuertemente con la realidad que enfrentan sus máximos directivos en los tribunales.
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