La Justicia federal puso la lupa sobre los movimientos de Manuel Adorni. En el marco de una causa que investiga presunta malversación de caudales públicos, se incorporaron datos sobre un viaje que el Jefe de Gabinete habría realizado a Aruba el 29 de diciembre de 2024, extendiéndose por diez días junto a su grupo familiar.
Según la reconstrucción judicial, el traslado se habría realizado en un vuelo de línea con escalas en Lima (Perú) y Ecuador. Este hallazgo surge como una derivación de otra pesquisa previa vinculada a un viaje del funcionario a Punta del Este.
El viaje al Caribe genera un fuerte ruido político debido a las declaraciones públicas del propio Adorni. Meses atrás, al ser consultado por el viaje de su esposa a Nueva York en una comitiva oficial, el vocero presidencial había afirmado categóricamente que no se tomaba vacaciones desde hacía dos años.
Ahora, los investigadores buscan contrastar esos dichos con los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. El objetivo es determinar si los movimientos migratorios coinciden con las declaraciones juradas y si existe una inconsistencia en el origen de los fondos para costear dichos desplazamientos.
En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita presentó ante el juez Ariel Lijo una serie de requerimientos para profundizar la investigación:
Intervención de la PIA: Se solicitó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas acceda al expediente para analizar posibles irregularidades en la gestión pública.
Historial migratorio completo: El pedido abarca todos los ingresos y egresos de Adorni desde el 1º de enero de 2023 hasta la actualidad.
Círculo íntimo bajo la lupa: La medida también alcanza a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y al periodista Marcelo Grandio.
Vuelos privados: Se requirió información a las empresas propietarias de las aeronaves involucradas en otros vuelos bajo análisis.
La Justicia pone especial foco en un cruce de datos reciente para establecer si existieron coincidencias de destinos o viajes en conjunto registrados en febrero de 2026. El eje central de la causa sigue siendo determinar si el financiamiento de estos trayectos, especialmente los realizados de forma privada, provino de arcas estatales o si existieron dádivas no declaradas.
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