Mientras la Cámara de Diputados de Santa Fe avanza en el tratamiento de proyectos para prohibir la actividad de los cuidacoches, la Iglesia católica ingresó al debate con una advertencia dirigida a los legisladores: que la respuesta estatal no derive en una criminalización de la pobreza.
La postura fue presentada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, y por la Pastoral Social de la Arquidiócesis, convocados a una instancia de consulta por la Legislatura provincial. En sendos documentos sostuvieron que la discusión va más allá del orden público y remite a problemas estructurales de exclusión, precarización laboral y falta de oportunidades.
«Lo que vemos en la calle no es un problema de orden público, sino una manifestación de necesidades más profundas. Este no es tanto un debate sobre trapitos sí o no. Es un debate sobre cómo el Estado distingue, cómo regula y cómo responde frente a la vulnerabilidad», planteó la Pastoral Social.
El planteo eclesiástico introduce una distinción clave: no es lo mismo quien ofrece un servicio de cuidado o limpieza de manera voluntaria que quien lo impone mediante amenazas, extorsión o violencia. Para la Iglesia, ambas situaciones requieren respuestas legales diferenciadas. Mientras las conductas coercitivas deben perseguirse con firmeza —especialmente cuando hay organizaciones detrás—, la actividad consensuada forma parte de la economía informal y no debería sancionarse penalmente.
La Pastoral Social también cuestionó la eficacia de una prohibición general. «Donde hay exclusión y falta de empleo formal, aumenta la presencia de cuidacoches; donde la economía genera empleo digno y registrado, la actividad tiende a desaparecer por su propio peso», señalaron. En ese sentido, reclamaron avanzar hacia mecanismos de registro de trabajadores, ordenamiento de zonas, programas de capacitación y planes de inserción laboral.
El arzobispo Martín aclaró que la Iglesia no busca legitimar situaciones de marginalidad ni justificar delitos, pero insistió en que las políticas públicas deben orientarse a la inclusión social. «Nuestra preocupación es que, por buscar un mayor orden, se termine llevando a estos hermanos nuestros a una marginación más profunda y a una mayor deshumanización de la sociedad», advirtió.
Martín citó textos del papa León XIV y retomó declaraciones del cardenal Ángel Rossi ante un debate similar en Córdoba, renovando el llamado de la Iglesia a no responder con exclusión frente a realidades marcadas por la falta de oportunidades, las adicciones y la fragilidad social.
Con esta intervención, la Arquidiócesis de Rosario busca incorporar una mirada social al tratamiento de la norma y exhorta a los diputados a que cualquier decisión contemple mecanismos de transición e inclusión para quienes hoy dependen de esa actividad como principal fuente de sustento.
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