En el marco de Converge, el Foro de la Construcción de Rosario, el intendente Pablo Javkin lanzó una propuesta que busca sacudir el tablero fiscal de la Argentina: la eliminación automática y simultánea de todos los impuestos y tasas que pesan sobre los combustibles, sin distinción de jurisdicciones.
Bajo la premisa de que «estamos discutiendo la langosta cuando hay un elefante arriba de la mesa», el mandatario rosarino cruzó el debate sobre las tasas viales municipales y puso la lupa sobre el peso del Estado Nacional en el surtidor.
La estrategia de Javkin consiste en transparentar qué es lo que realmente paga el ciudadano cada vez que carga el tanque. Según los datos técnicos que maneja el Palacio de los Leones, la disparidad es abrumadora:
Impuestos Nacionales: Representan cerca de $600 por litro (32,3% del precio final). Según el municipio, no existe claridad sobre el retorno de estos fondos en obras para la ciudad.
Tasa Vial Municipal: Equivale a $22 por litro (apenas el 1,08%). Con lo recaudado por este concepto, Rosario reparó más de 100 cuadras solo en el primer trimestre.
«No tenemos problema en discutir los 22 pesos si eliminamos el elefante de los 600. Con mucho gusto la eliminamos si en paralelo liberamos a los usuarios del resto de la carga», enfatizó Javkin, en un claro mensaje hacia la administración central y el Congreso.
La ofensiva de la gestión local no se queda solo en palabras. El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, ya adelantó que impulsarán una normativa para que las estaciones de servicio de la ciudad exhiban de manera obligatoria el desglose de los precios.
El objetivo es que el consumidor identifique cuánto del ticket corresponde al costo real del combustible, cuánto a la Nación y cuánto al municipio.
La estrategia de la gestión rosarina se apoya en tres pilares fundamentales que buscan redefinir el debate fiscal en el país. En primer lugar, promueve un sinceramiento de costos al exponer que, mientras el 66,6% del valor del combustible corresponde a su costo de producción, el resto es una pesada carga tributaria donde el componente nacional es el protagonista. Bajo esta premisa, se plantea un reclamo de equidad federal, cuestionando la falta de un correlato directo entre los millonarios impuestos que recauda la Nación y la inversión efectiva en infraestructura para la ciudad. Finalmente, la movida se consolida como un desafío político directo: el municipio se muestra dispuesto a resignar su tasa local, pero condiciona esta baja a una reforma tributaria nacional e integral que alivie de manera real el bolsillo de los consumidores.
La propuesta surge en un momento de máxima sensibilidad por el costo de vida y promete trasladar la presión del debate fiscal desde los municipios hacia la Casa Rosada, reabriendo la discusión sobre el federalismo y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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