El gobierno de Javier Milei avanzará con el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa que retoma varios de los cambios que habían sido incluidos en la Ley Bases, pero que finalmente fueron retirados durante la negociación parlamentaria. La intención oficial fue confirmada por Manuel Adorni y también comunicada por el Ministerio de Salud.
Según trascendió, el texto ya está elaborado y permanece “guardado de momento” en la órbita de Salud, a la espera de una revisión final por parte del Ministerio de Justicia. La expectativa del oficialismo es que el proyecto ingrese a Diputados esta semana o, a más tardar, la próxima.
No se derogará la ley vigente, pero sí se modificarán sus puntos más cuestionados
Uno de los primeros datos que surgieron tras el anuncio es que el Gobierno no buscará derogar la Ley 26.657, vigente desde 2010, sino reformar los artículos que considera más problemáticos. Entre ellos aparecen el régimen de internación involuntaria, el esquema de cierre de hospitales monovalentes y la organización del sistema de atención y rehabilitación.
Desde la cartera que conduce Mario Lugones explicaron que el objetivo es “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” frente a situaciones que, según sostienen, hoy no encuentran un encuadre adecuado dentro de la normativa actual.
Cambios en internaciones y en los criterios de urgencia
Uno de los puntos centrales de la reforma apunta a la internación involuntaria, un tema que históricamente generó debate entre profesionales, familiares, organizaciones de derechos humanos y operadores judiciales.
La propuesta oficial mantendría la internación como “un recurso excepcional”, pero habilitaría que un psiquiatra pueda indicarla de manera inmediata en una urgencia, con la obligación de que luego sea ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 24 horas. También se prevé una notificación judicial dentro de las 10 horas, con posibilidad de una prórroga de hasta 24 más, según trascendió.
Además, el proyecto buscaría redefinir el criterio de riesgo para que también se contemple la posibilidad de “daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el argumento de permitir intervenciones más tempranas y preventivas.
Qué pasará con los hospitales psiquiátricos
Otro eje sensible del proyecto tiene que ver con el futuro de los hospitales especializados en salud mental. Desde el Ministerio de Salud consideran que el modelo que impulsa la ley actual, orientado al reemplazo progresivo de estas instituciones por servicios en hospitales generales, no siempre resulta viable en la práctica por limitaciones de infraestructura, seguridad y recursos humanos.
En ese marco, la iniciativa oficial propondría sostener y fortalecer una red escalonada de atención, compuesta por:
- hospitales especializados
- servicios de salud mental en hospitales generales
- dispositivos ambulatorios y comunitarios
- residencias asistidas
La idea, según Salud, no sería avanzar con cierres automáticos, sino ordenar una red por niveles de complejidad.
Cambios en el Órgano de Revisión
Otro de los cambios que analiza el Gobierno es la modificación del Órgano de Revisión (OR), el cuerpo encargado de monitorear el cumplimiento de la ley.
La propuesta iría en línea con lo que se había discutido en la Ley Bases: reemplazar o reformular ese esquema mediante un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con mayor presencia del Ministerio de Salud y participación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y Sedronar.
En el sector sanitario venían cuestionando que, en la práctica, la fuerte intervención de abogados en algunos procesos terminaba generando demoras o tensiones en situaciones clínicas complejas, especialmente en emergencias.
Uno de los argumentos del Gobierno: la desigualdad en el acceso
Desde Salud también plantean que uno de los principales problemas de la normativa actual es su aplicación desigual en el país.
Según los datos difundidos por la propia cartera, no todas las jurisdicciones adhirieron de la misma manera al esquema actual, y eso genera diferencias importantes en el acceso a camas, internación y servicios especializados, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos.
Con ese argumento, la reforma buscaría garantizar una red más homogénea de atención en todo el territorio nacional.
Expectativa en el Congreso y un debate que vuelve a abrirse
Tras el anuncio, el oficialismo ya empezó a medir el clima legislativo. En La Libertad Avanza y en bloques aliados creen que existe margen para avanzar con la reforma, sobre todo porque hace tiempo distintos sectores vienen señalando dificultades en la aplicación concreta de la ley actual.
El debate, sin embargo, promete ser intenso. Mientras algunos sectores reclaman más herramientas para actuar frente a crisis severas, otros advierten que cualquier modificación deberá discutirse con extremo cuidado para no retroceder en derechos, garantías y abordajes comunitarios conquistados en los últimos años.
En ese escenario, el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso volverá a poner en discusión cómo debe responder el Estado frente a las urgencias en salud mental, qué rol deben tener las familias, los hospitales, la Justicia y los profesionales, y cuál es el equilibrio posible entre cuidado, autonomía y prevención.
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