Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló una red de narcotráfico que operaba con vuelos clandestinos desde Bolivia hacia el norte santafesino. El resultado: una avioneta interceptada en una pista ilegal, más de 400 kilos de cocaína secuestrados y ocho personas detenidas.
El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la localidad de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, y fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional junto a la PROCUNAR, la fiscalía federal y el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario.
La investigación comenzó a partir de datos aportados por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, que alertó sobre un teléfono vinculado a vuelos ilegales con origen en Bolivia. Durante 45 días, brigadas especiales realizaron escuchas, seguimientos y vigilancia en la zona, incluso con drones y cámaras ocultas, ante la falta de cobertura celular en el área rural.
El operativo de interceptación incluyó un helicóptero, grupos de asalto, francotiradores y personal técnico con comunicación satelital. Todo estaba listo cuando la avioneta aterrizó en un campo conocido como «Don Julio».
Uno de los datos más llamativos de la investigación es el vínculo que los pesquisas encontraron entre el teléfono investigado y José Pedro Rojas Velasco, alias «Pepa», piloto identificado como integrante de la organización del narco uruguayo Sebastián Marset.
Qué se secuestró
Además de la avioneta —una Cessna 210 cargada con más de 400 kilos de cocaína— el operativo arrojó el secuestro de dos camionetas (Toyota Hilux y Ford Ranger), dos camiones, equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, 16 celulares y bidones de combustible utilizados para abastecer los vuelos.
Ocho allanamientos simultáneos
Como parte de la ampliación de la causa, fuerzas federales realizaron ocho allanamientos al mismo tiempo en distintos puntos de la provincia, incluyendo domicilios urbanos y rurales en Vera y Calchaquí, con participación de unidades de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y otras jurisdicciones.
El caso se enmarca en el nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, que permitió una coordinación más ágil entre la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad.
Seguinos