El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) suscribieron este miércoles un acuerdo salarial y presupuestario destinado a aliviar la tensión por el financiamiento de las universidades públicas. Sin embargo, las instituciones educativas mantendrán su demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso que aún no se pone en práctica.
El acuerdo contempla un aumento salarial del 24,33% dividido en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre. Esta recomposición busca cubrir siete puntos pendientes de 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto apunta a compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Asimismo, se acordó convocar a una reunión paritaria con los sindicatos.
Los rectores fueron contundentes: el entendimiento económico no implica el abandono del litigio. «No retirarán la demanda judicial», remarcaron, en referencia a la causa que analiza el máximo tribunal sobre los fondos universitarios.
Entre los compromisos adicionales, el oficialismo se comprometió a evitar que los salarios universitarios sigan deteriorándose frente a la inflación durante 2026. El acta firmada incluye también un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano —orientado a sostener el acceso y la finalización de carreras en áreas estratégicas para el desarrollo nacional— y un financiamiento de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios.
Las conversaciones también contemplaron la situación de los docentes de colegios preuniversitarios, donde el deterioro salarial es especialmente pronunciado tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Ese reclamo involucra tanto a personal docente como no docente, y los rectores exigen que cualquier solución pase por una paritaria real con las organizaciones gremiales.
En el plano judicial, la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos ocasiones, aunque actualmente se encuentra suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La resolución definitiva depende de la Corte Suprema, que no tiene plazo fijado para expedirse.
El Gobierno sostiene que la ley es «ilegal» porque, según su interpretación, no identifica la fuente de los recursos tal como exige la normativa de administración financiera. Por ello, considera que mantener la demanda judicial es incompatible con alcanzar un acuerdo entre las partes.
Desde el sector sindical, la desconfianza persiste. «Por ahora todo es informal, así que no se le puede dar crédito. El Gobierno es un interlocutor muy escurridizo y tiene que convocar a paritaria, algo que no hace desde hace años», señalaron desde CONADU.
Las universidades permanecen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, estudiantes de la UBA, docentes y organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para exigirles a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.
Seguinos