La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció el pasado domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, dio un vuelco determinante. Lo que comenzó como un presunto paro cardiorrespiratorio mientras el menor dormía, se transformó en una causa por presunto homicidio tras conocerse los resultados de las primeras pericias.
El fiscal Cristian Olazábal confirmó que el cuerpo del niño presentaba lesiones internas, principalmente en la zona craneal, que son incompatibles con el relato brindado por la madre. Según el testimonio inicial de la mujer, el niño se habría descompensado solo; sin embargo, los médicos forenses detectaron evidencias de traumatismos que obligaron a cambiar la carátula.
A raíz de esto, la Fiscalía señaló a la madre y a su pareja actual como los principales sospechosos. Aunque todavía no se ha ordenado su detención, ambos se encuentran:
Formalmente imputados en la causa.
Bajo medida de arraigo con control policial (prohibición de salir de la ciudad).
Sujetos al secuestro y peritaje de sus teléfonos celulares.
El caso tiene un trasfondo dramático. El padre biológico de Ángel denunció públicamente que «lo mataron» y apuntó contra el sistema judicial. El niño había vivido años con su padre, pero hacía apenas unas semanas el Juzgado de Familia había ordenado su revinculación y entrega a la madre.
«Yo no maté a mi hijo», declaró la madre ante los medios, negando cualquier responsabilidad en el hecho.
La Justicia ahora pone la lupa sobre el Estado. El fiscal Olazábal analizará los expedientes de Familia para determinar si hubo negligencia en los controles al momento de cambiar la custodia del menor.
En los próximos días, estudios patológicos complementarios determinarán si las lesiones fueron causadas por un golpe directo o por el denominado «síndrome de sacudida». Estos resultados serán la pieza final para definir si se solicita la detención inmediata de los sospechosos.
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