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Fallo a favor de las universidades: el Gobierno deberá actualizar salarios, becas e investigación


La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los programas de investigación.

La resolución fue firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes hicieron lugar a la demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a distintas universidades del país.

Qué dijo la Cámara sobre la ley universitaria

En el fallo, los camaristas remarcaron que la norma fue aprobada por el Congreso de la Nación y luego ratificada con una mayoría especial, incluso después del veto presidencial.

No debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo”, señalaron.

Además, advirtieron que, pese a esa ratificación legislativa, el Ejecutivo intentó suspender su aplicación apoyándose en otra norma previa. “Al promulgar la norma, el Poder Ejecutivo suspendió su vigencia con sustento en otra ley del Congreso de la Nación”, recordaron los magistrados.

El planteo central de los jueces

En ese marco, el tribunal planteó un interrogante clave: si el Poder Ejecutivo puede dejar en suspenso una ley aprobada por el Congreso basándose en otra ley anterior.

Para los jueces, la respuesta es no. Según explicaron, la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no tiene una jerarquía superior que le permita invalidar o frenar la aplicación de otra ley sancionada por el Parlamento.

La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control para el Sector Público Nacional no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación”, sostuvieron.

Qué implica el fallo

Con esta decisión, la Cámara respaldó el reclamo de las universidades nacionales y dejó firme el criterio de que el Estado debe garantizar el financiamiento previsto por ley para el sistema universitario.

La discusión involucra partidas clave para el funcionamiento de las casas de estudio, entre ellas los sueldos docentes, las becas para estudiantes y el sostenimiento de proyectos científicos y de investigación.