El gobierno de Irán reaccionó con fuertes críticas a la decisión de Argentina de declarar como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica, en un contexto internacional atravesado por tensiones militares y creciente polarización geopolítica.
A través de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido por su embajada en Uruguay, el régimen calificó la medida impulsada por la administración de Javier Milei como “ilegal”, “injustificada” y “una ofensa imperdonable” para el pueblo iraní.
El texto no solo expresa rechazo, sino que incluye una advertencia directa: según Teherán, la decisión “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, en línea con el tono habitual que adopta frente a sanciones o decisiones de otros países.
La respuesta iraní llega luego de que el Gobierno nacional formalizara la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Esta medida habilita sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas contra la organización.
Desde la Casa Rosada fundamentaron la decisión en base a antecedentes judiciales y trabajos de inteligencia. En ese sentido, sostuvieron que los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron planificados y ejecutados con participación de altos funcionarios del régimen iraní.
Ambos ataques, considerados los más graves en la historia argentina, dejaron más de 100 víctimas fatales y cientos de heridos, además de derivar en pedidos de captura internacional contra ex funcionarios iraníes.
Sin embargo, el comunicado de Irán evita referirse a estos hechos. No menciona ni la AMIA ni la Embajada de Israel, manteniendo la postura histórica de negar cualquier vinculación con los atentados.
En cambio, el régimen iraní enmarca la decisión argentina dentro de una lógica geopolítica. Afirma que la medida fue tomada bajo la influencia de Estados Unidos e Israel, y la vincula con la actual ofensiva militar de esas potencias contra objetivos iraníes.
En esa línea, Teherán sostiene que la resolución argentina “viola principios del derecho internacional” y constituye una “injerencia en asuntos internos”, un argumento frecuente en su política exterior.
El tono del comunicado escala además hacia lo político, al señalar que el presidente argentino y su canciller, al alinearse con Washington y Tel Aviv, “se colocan del lado equivocado de la historia” y como “cómplices” de acciones contra Irán.
Al mismo tiempo, el régimen defendió a la Guardia Revolucionaria, a la que describió como una fuerza clave para la seguridad nacional y como uno de los principales actores en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra ISIS.
Esta postura contrasta con el escenario internacional, donde distintos países han avanzado en sanciones contra esa estructura militar, a la que se vincula con financiamiento y apoyo a organizaciones armadas como Hezbollah.
En el caso argentino, la medida se enmarca en una política más amplia. El Gobierno ya había incluido en el RePET a Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, reforzando su alineamiento con Estados Unidos e Israel en materia de seguridad internacional.
El trasfondo local también resulta clave: las investigaciones por los atentados de los años 90 continúan siendo un eje central en la política exterior argentina. En ese sentido, la inclusión de la Guardia Revolucionaria no solo tiene efectos operativos, sino también un fuerte valor simbólico al ratificar la postura del Estado sobre la responsabilidad iraní.
El cruce entre ambos países vuelve a evidenciar posiciones enfrentadas. Mientras Argentina sostiene su decisión en base a investigaciones judiciales y antecedentes históricos, Irán rechaza las acusaciones, evita responder sobre los hechos y recurre a una narrativa de confrontación.
En un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones crecientes, el episodio anticipa un nuevo deterioro en la relación bilateral entre ambos países.
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