Cambio de enfoque en salud mental
Uno de los ejes centrales es la ampliación del objeto de la ley. La reforma deja de enfocarse exclusivamente en la protección de derechos y suma de manera explícita prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria.
En paralelo, se refuerza el rol del médico psiquiatra. Si bien se mantiene el trabajo interdisciplinario, el proyecto establece que todos los equipos deberán incluir al menos un psiquiatra, quien tendrá un papel central en evaluaciones, diagnósticos e internaciones. Esto marca una diferencia con el modelo vigente, que prioriza un abordaje más horizontal entre disciplinas.
Adicciones y sistema de atención
La iniciativa reafirma que las adicciones forman parte de la salud mental, pero habilita un enfoque más clínico. La autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación. Además, se incorpora formalmente a hospitales psiquiátricos y clínicas privadas dentro de la red de atención, y se establece que no se podrá rechazar a pacientes por motivos de salud mental.
Internaciones involuntarias: nuevo criterio
El punto más sensible del proyecto es el cambio en el régimen de internaciones sin consentimiento. Se reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, propia o de terceros.
Según el Ejecutivo, esto permitirá intervenir de manera más temprana. Las internaciones seguirán siendo excepcionales, pero se habilita un “enfoque situacional” que contemple antecedentes, conductas previas y evolución probable del cuadro. Para disponer una internación se requerirá el dictamen de dos profesionales de distintas disciplinas (uno psiquiatra). De forma excepcional, podrá decidirla un solo médico, con revisión obligatoria en menos de 24 horas.
Mayor intervención judicial
El proyecto redefine el rol de la Justicia: el juez deberá ser notificado en 24 horas y tendrá tres días para resolver si autoriza, rechaza o solicita más información.
También se habilita que el magistrado ordene una internación involuntaria si el sistema de salud no actúa pese a cumplirse los requisitos. En contraste, el alta quedará en manos del equipo de salud, sin necesidad de aval judicial, aunque con seguimiento de hasta seis meses.
Cambios legales y controles
La reforma ajusta artículos del Código Civil y Comercial para alinearlos con el nuevo criterio de riesgo y regula situaciones de urgencia y consentimiento informado.
En cuanto al control institucional, se establece que las inspecciones del Mecanismo de Prevención de la Tortura en espacios de salud mental deberán realizarse por equipos interdisciplinarios con presencia obligatoria de psiquiatras.
Un cambio de paradigma
El proyecto abre un debate de fondo. Mientras la ley actual prioriza la desinstitucionalización, el enfoque comunitario y los derechos humanos, la reforma impulsa una mayor capacidad de intervención del sistema sanitario, con más peso del criterio médico y una ampliación de los casos en los que se puede internar.
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