La administración de Javier Milei avanza con una medida que apunta a reforzar el sistema de defensa, una porción de los ingresos generados por privatizaciones, concesiones y ventas de activos estatales será destinada al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. La iniciativa se oficializará mediante un decreto que podría publicarse en los próximos días.
Según el esquema en análisis, el 10% de lo recaudado por operaciones vinculadas a empresas públicas y licitaciones será redirigido hacia el sector, mientras que el 70% de los fondos provenientes de bienes propios de las fuerzas también se asignará a ese objetivo. La decisión implica un cambio respecto al mecanismo vigente, que destinaba esos recursos exclusivamente al Tesoro Nacional.
El plan busca fortalecer las capacidades del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, estructuras que arrastran años de limitaciones presupuestarias. Desde el Gobierno sostienen que se trata de una prioridad estratégica, en un contexto donde la defensa, el control territorial y la vigilancia de fronteras ganaron relevancia.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y ya cuenta con aval técnico de distintas áreas del gabinete. El objetivo es garantizar un flujo de financiamiento más estable que permita recuperar equipamiento, mejorar la infraestructura y optimizar el despliegue operativo.
El alcance del proyecto no se limita a la compra de armamento. También contempla inversiones en bases, hangares, pistas, arsenales y sistemas logísticos y de comunicación. Entre las obras consideradas prioritarias figura el desarrollo de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada clave por su valor estratégico en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.
En paralelo, el Gobierno ya avanzó con algunas adquisiciones relevantes, como la compra de aviones F-16 Fighting Falcon a Dinamarca, que permitirá a la Fuerza Aérea recuperar capacidad supersónica. Este tipo de incorporaciones requiere además inversiones complementarias en entrenamiento, mantenimiento y equipamiento.
También se sumaron vehículos blindados Stryker para el Ejército, orientados a mejorar la movilidad y la capacidad de respuesta. En el caso de la Armada, uno de los objetivos de mediano plazo es recuperar la capacidad submarina perdida tras el hundimiento del ARA San Juan, una herramienta considerada clave para la vigilancia marítima.
Con esta medida, el Gobierno busca consolidar una política de defensa basada en la recuperación de capacidades y en la inversión sostenida, utilizando parte de los recursos obtenidos por la reorganización del Estado.
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