La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para aprobar este jueves la nueva ley orgánica de Municipios, una norma clave dentro del nuevo esquema institucional abierto tras la reforma constitucional. El oficialismo de Unidos apuesta a avanzar con la sanción al mediodía y girar de inmediato el texto al Senado para intentar convertirlo en ley en la misma jornada.
El proyecto podría salir adelante solo con los votos del oficialismo, que cuenta con mayoría automática en la Cámara baja. Tanto el peronismo como otros espacios opositores ya expresaron su malestar por la falta de apertura a modificaciones de fondo, ya que los cambios incorporados en comisión se enfocan, principalmente, en ajustes técnicos y precisiones jurídicas, sin alterar el corazón de la norma.
El oficialismo defendió el debate previo
Desde Unidos defendieron el recorrido parlamentario del proyecto y remarcaron que se trata de una de las leyes más importantes que deben sancionarse luego de la nueva Constitución provincial.
En ese marco, la diputada Lionela Cattalini sostuvo que la iniciativa forma parte de “las leyes obligadas a sancionarse” tras la reforma y destacó el trabajo desarrollado en comisiones, donde participaron distintos sectores e instituciones. Según explicó, el texto que llegará al recinto incorpora correcciones sobre errores u omisiones que habían quedado en la versión aprobada por el Senado.
Qué cambios introdujo Diputados
Entre las modificaciones más relevantes aparece la ampliación de las facultades de expropiación. En la nueva redacción, esa herramienta ya no quedará restringida a municipios de más de 10 mil habitantes, sino que podrá ser utilizada por todas las ciudades que cuenten con Concejo Municipal, siempre que medien razones de utilidad pública, como obras, prestación de servicios o preservación ambiental.
Otro de los puntos destacados es la prohibición de la promulgación parcial de ordenanzas. Es decir, si un intendente decide vetar parcialmente una norma, no podrá promulgar solo una parte del texto, sino que deberá completarse todo el trámite legislativo antes de que esa ordenanza entre en vigencia.
Además, se amplían los mecanismos de control sobre la administración local, permitiendo esquemas de fiscalización y supervisión no solo a escala regional, sino también provincial o nacional, incluso con participación de universidades y entidades profesionales.
En el caso de los municipios más pequeños, el texto suma precisiones sobre la representación de las minorías en las comisiones municipales, garantizando que los candidatos a intendente de listas no ganadoras puedan acceder a las bancas que les correspondan.
También se reorganizó el capítulo vinculado a la transición de gobierno, estableciendo con mayor claridad la obligación de que cada municipio cree, por ordenanza, un régimen de transición que contemple una mesa de traspaso, un informe final de gestión y límites concretos para las decisiones de la administración saliente.
Una ley central en la nueva etapa institucional
La futura norma reemplazará un régimen vigente desde hace décadas y funcionará como marco general mientras las ciudades santafesinas de más de 10 mil habitantes avanzan en la elaboración de sus propias cartas orgánicas, tal como habilita la nueva Constitución provincial.
En ese sentido, la ley aparece como una de las piezas centrales del nuevo andamiaje institucional santafesino, ya que definirá competencias, herramientas de gestión, formas de control y reglas de funcionamiento para los gobiernos locales en esta nueva etapa.
Si se cumplen los tiempos que proyecta el oficialismo, Santa Fe podría cerrar este mismo jueves la sanción definitiva de una de las leyes más relevantes derivadas de la reforma constitucional, aunque el avance del texto sigue rodeado de tensiones políticas por la forma en que se resolvieron —o se dejaron afuera— varios de los cambios reclamados por la oposición.
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