Una denuncia permitió detectar un predio de más de cuatro hectáreas con numerosas excavaciones y pozos de hasta más de cinco metros de profundidad en el extremo oeste de Rosario, casi en el límite con la ciudad de Pérez. Según informó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, en el lugar se realizaban movimientos de suelo y extracción de tierra sin autorización, algo que el municipio consideró un posible daño ambiental.
El procedimiento se realizó durante el fin de semana en la zona de Jacarandá y El Chajá, donde los inspectores hallaron dos máquinas de gran porte —una oruga y una pala— y dos camiones que estaban trabajando en el predio. «Cuando se empieza a recorrer el lugar encontramos que el terreno estaba con muchas excavaciones muy profundas, generando claramente un daño ambiental», explicó Herrera.
Según detalló el funcionario, no se trataba solamente de extracción de tierra: en distintos sectores de las excavaciones había comenzado a acumularse basura, y también se encontraron restos de cubiertas quemadas.
Pozos de más de cinco metros
Las excavaciones tenían distintas profundidades: algunas alcanzaban más de cinco metros, mientras que otras rondaban los dos metros y medio.
Herrera señaló, además, que algunos de los pozos ya estaban llenos de agua con residuos, una situación que —según el municipio— podía afectar las napas. «Había mucho que ya tenía incluso las napas contaminadas porque había agua con basura, con lo cual eso es un daño ambiental», sostuvo el funcionario.
El secretario explicó que el terreno es privado y que el movimiento de suelo puede realizarse bajo ciertas circunstancias con autorización municipal, pero aclaró que eso no habilita a dejar excavaciones de estas características. «Es un terreno privado, incluso el dueño se presentó. Se puede hacer algún movimiento de suelo con una autorización de Obras Públicas de la Municipalidad, pero obviamente que no para estos fines, que es solamente extraer tierra, dejar los pozos, las cavas muy profundas», indicó.
Una multa que puede llegar a $12 millones
A partir de lo detectado, los inspectores labraron un acta por una infracción contemplada en el artículo 268 del Código de Convivencia, vinculada al daño ambiental y al uso del suelo sin autorización.
Herrera precisó que la sanción económica tiene un mínimo de alrededor de $2,5 millones y un máximo de $12 millones, aunque el monto final quedará a criterio del Tribunal de Faltas, según la magnitud del daño.
Pero además de la eventual multa, se exige la remediación del terreno: el titular deberá realizar las tareas necesarias para devolver el predio a su estado original. «Muchas veces es más costosa que la multa, porque tiene que volver el terreno al estado original», explicó Herrera.
Durante el operativo, dos camiones fueron remitidos al corralón y las actuaciones fueron enviadas al Tribunal de Faltas. Según el funcionario, el titular del inmueble será citado para responder por la infracción.
El riesgo de que termine en un basural
Herrera remarcó que este tipo de intervenciones no es habitual, aunque advirtió sobre un riesgo adicional cuando se realizan excavaciones de gran tamaño en zonas periféricas de la ciudad: «Siempre el riesgo que estas cosas terminan, no solamente que se hacen pozos y agujeros en un terreno, sino que después probablemente eso termina en un basural», señaló.
Por eso, explicó, el municipio decidió actuar a partir de la denuncia y avanzar con el procedimiento antes de que la situación pudiera agravarse. La investigación administrativa deberá determinar ahora la magnitud del daño y las tareas de remediación necesarias para recuperar el predio.
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