El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este miércoles el derribo de un búnker de venta de drogas en Chacabuco al 4100, en la zona sur de Rosario. El inmueble, históricamente asociado al clan de Alan Funes, había sido allanado en varias oportunidades y, según las denuncias recibidas, había vuelto a funcionar como punto de venta.
La demolición se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, la norma que permite a la provincia investigar y perseguir la venta de drogas al menudeo. Se trata del derribo número 87 en Rosario y del 146 en toda la provincia desde que la ley fue promulgada, a fines de 2023, durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Las intervenciones comenzaron a principios de 2024 y se llevan adelante con un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales.
«Una zona emblemática» del microtráfico
Durante el operativo, Omar Pereira, secretario de Seguridad, sostuvo que el derribo es «un ejemplo claro de la implementación de una política pública en materia de seguridad», que fue posible gracias a «la intervención de todas las áreas del Estado» y a «la participación de la ciudadanía a través de las denuncias al 911».
Según explicó, ese trabajo conjunto permitió «llegar a esta zona emblemática de la ciudad de Rosario, ligada a una banda conocida en el mundo del microtráfico».
El funcionario remarcó además que el operativo se da en un contexto particular para la ciudad: «Todo esto constituye un ejemplo claro de la decisión de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar sobre esta problemática en un momento especial para la ciudad, donde se están desarrollando los Juegos Suramericanos, con mucha participación de la ciudadanía, mientras continuamos, de manera paralela, con la implementación de distintas medidas de investigación, detenciones, allanamientos y derribos».
Un punto de venta con historia
La fiscal Brenda Debiasi detalló que el lugar «venía asociado históricamente al clan de Alan Funes, condenado a prisión perpetua por homicidios, asociación ilícita y narcotráfico». El inmueble había sido allanado en 2019, 2021, 2022 y 2026, y en esos procedimientos se secuestraron armas de fuego.
La Unidad de Microtráfico del MPA recibió nuevas denuncias que advertían que el punto seguía activo. «Por eso activamos nuevamente las medidas de allanamiento y nos encontramos con un lugar que no presenta condiciones de habitabilidad y en el que había múltiples envoltorios dispersos», relató la fiscal.
Con esa constatación, Debiasi concluyó que la vivienda «estaba siendo destinado nuevamente a la venta de estupefacientes» y pidió a la Justicia que la declarara en estado antijurídico, es decir, que reconociera formalmente que el inmueble se usaba para cometer delitos. Esa declaración es el paso legal que habilita su demolición.
Una zona marcada por la violencia
La fiscal subrayó la importancia de volver a intervenir en ese punto: «Es importante que nuevamente lo estemos derribando porque es un lugar asociado a hechos de violencia altamente lesiva, donde se produjeron aprehensiones de personas con armas de fuego que luego resultaron condenadas por homicidios ocurridos en esta misma zona».
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