El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció la realización de la quinta subasta de bienes recuperados del delito, un evento que ya genera gran expectativa con una cifra récord de participantes. La cita será el próximo 16 de abril en el Salón Metropolitano de Rosario, bajo la organización de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
La subasta destaca por su heterogeneidad. Entre los 150 lotes disponibles, los interesados podrán encontrar desde artículos de tecnología y motocicletas de baja cilindrada hasta activos de lujo e inversiones comerciales.
La brecha de precios es uno de los puntos más atractivos:
El lote más accesible: Una motocicleta Zanella 50 cc con una base de $45.000.
El lote más costoso: Una aeronave Cessna con un precio inicial de $50.000.000.
Segmento automotor: Destacan una Ford Ranger Raptor 2020 (base de $16.000.000) y opciones más económicas como un Peugeot 207 Compact desde los $810.000.
Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros, enfatizó que la diversidad de bienes busca atraer tanto a particulares que necesitan su primer vehículo como a grandes inversores. «El proceso se realiza bajo criterios de transparencia y acceso público, garantizando igualdad de condiciones», señaló el funcionario.
Más allá de la venta, el objetivo de fondo es la reutilización social. El dinero recaudado y los bienes gestionados por la Aprad tienen destinos específicos: equipamiento para la Policía y el Servicio Penitenciario, apoyo a instituciones educativas o donaciones a entidades de beneficencia en el caso de artículos del hogar.
Datos clave para participar
Fecha: 16 de abril.
Lugar: Salón Metropolitano, Rosario.
Inscriptos: 5.400 personas (récord actual).
Bienes: Autos, motos, tecnología, fondo de comercio y una aeronave.
Es el organismo encargado de administrar y dar utilidad social a los bienes secuestrados en causas judiciales. Su labor permite que objetos que antes formaban parte del circuito delictivo —como vehículos, celulares o inmuebles— se conviertan en recursos para la seguridad pública o la asistencia social, evitando su deterioro en depósitos judiciales.
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