La Justicia Federal de Rosario dictó la prisión preventiva por 90 días para G.G.N., un hombre de 30 años acusado de montar un sofisticado esquema de trata de personas con fines de explotación sexual a través de plataformas digitales. La resolución, dictada por el juez Carlos Vera Barros, se dio tras comprobar que el imputado continuó con sus actividades delictivas incluso después de haber sido procesado el año pasado.
Según la investigación liderada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo y la PROTEX, el acusado utilizaba la cuenta de Instagram “Argentina Casting” para captar a mujeres jóvenes, principalmente de entre 18 y 19 años.
El esquema criminal comenzaba con la fase de captación, en la que el acusado utilizaba las redes sociales para contactar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. Bajo la apariencia de una oportunidad laboral, les ofrecía pagos en efectivo a cambio de filmar videos de contenido sexual. El elemento central para vencer la resistencia de las víctimas era un engaño deliberado: G.G.N. les aseguraba que el material audiovisual se comercializaría exclusivamente en el extranjero, garantizando que nunca llegaría a ser visto en Argentina.
Una vez establecido el contacto, el imputado coordinaba la logística y producción trasladándose personalmente a diversas provincias, entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones. Los encuentros se concretaban en hoteles o departamentos de alquiler temporario, donde él mismo realizaba las filmaciones utilizando equipamiento propio. Para reforzar la confianza, solía utilizar identidades falsas y, en algunos casos, obligaba a las jóvenes a firmar documentos cuyos términos no podían revisar ni conservar.
Finalmente, el ciclo de explotación se consolidaba en el entorno digital. El acusado se encargaba de la edición, subida y promoción activa del contenido en plataformas internacionales de venta por suscripción. Al carecer de restricciones geográficas reales, la promesa de «exclusividad para el exterior» resultaba ser falsa: el material terminaba circulando libremente en el país, viralizándose en aplicaciones de mensajería y alcanzando los entornos familiares y afectivos de las víctimas, lo que les generó graves secuelas psicológicas.
A pesar de haber sido imputado en julio de 2025 por tres casos iniciales, la Línea 145 recibió nuevas denuncias que alertaron sobre la continuidad del esquema. Tras una investigación de la Policía Federal, se identificaron al menos cinco nuevas víctimas.
«La explotación no se limita al encuentro sexual; se prolonga indefinidamente al afectar la identidad digital y la intimidad de las jóvenes», señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
G.G.N. enfrenta cargos por ocho hechos de trata de personas agravados por:
El aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas.
El uso de engaño e identidades falsas (se hacía llamar «Liam» o «Elion»).
La consumación de la explotación.
De ser hallado culpable, el Código Penal prevé penas de entre 8 y 12 años de prisión. Mientras tanto, la fiscalía solicitó que la caución de 20 millones de pesos que el acusado había pagado anteriormente quede embargada para una futura reparación económica a las víctimas, aunque este punto sigue en disputa judicial tras la oposición de la defensa.
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