La crisis social en Bolivia continúa sin resolverse. A pesar del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz para recuperar la circulación en las carreteras, este sábado todavía permanecían activos numerosos bloqueos en distintos puntos del país.
Las protestas, impulsadas desde hace siete semanas por organizaciones campesinas y sectores vinculados al ex mandatario Evo Morales, comenzaron la jornada con alrededor de 40 cortes de ruta. Con el correr de las horas, el número se redujo, aunque seguían registrándose cerca de 20 puntos de bloqueo.
El Gobierno anunció la medida excepcional a través de un mensaje televisado, en el que Paz aseguró que la prioridad es garantizar la libre circulación y normalizar actividades afectadas por los cortes. El mandatario sostuvo que la situación perjudica el trabajo, la educación, el acceso a la salud y el abastecimiento de bienes esenciales.
La decisión fue adoptada luego de un acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB), aunque la iniciativa no logró sumar a los sectores que lideran las protestas. Tanto la Federación de Campesinos Túpac Katari, en La Paz, como los productores cocaleros afines a Morales en Cochabamba, rechazaron el entendimiento y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza.
Estas organizaciones mantienen las movilizaciones desde el 6 de mayo y exigen la salida del presidente, además de desconocer los acuerdos firmados por la central sindical.
Durante su discurso, Paz afirmó que el objetivo del estado de excepción es restablecer el orden sin alterar la vida institucional del país y reiteró la disposición del Gobierno para dialogar con quienes estén dispuestos a negociar. También instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a intervenir para garantizar el tránsito y la seguridad en las rutas.
El mandatario fue más allá al señalar que los bloqueos forman parte de una estrategia orientada a desestabilizar a su administración. Según expresó, detrás de las protestas existen estructuras organizadas que operan principalmente desde el Chapare, región considerada uno de los principales bastiones políticos de Evo Morales.
Desde la Presidencia aclararon que la medida no contempla la suspensión de derechos constitucionales. Sin embargo, establece la prohibición de los bloqueos de caminos y del uso de armas, explosivos o elementos violentos. Además, habilita el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para resguardar corredores estratégicos, infraestructura crítica y garantizar el abastecimiento de productos básicos en todo el país.
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