En diálogo con Escenario Mercenario, el senador por Rosario, Ciro Seisas, brindó detalles sobre el avance de la ley de cuidacoches que ya cuenta con media sanción en la Cámara Alta santafesina. Tras su paso por el Concejo Municipal, el legislador fue tajante sobre la necesidad de actualizar la normativa frente a una realidad que, según sus palabras, «dejó de ser una changa para transformarse en otra cosa».
Seisas explicó que el escenario en las calles de Rosario cambió drásticamente en los últimos años. «Lo que antes era una actividad con tolerancia social y sin extorsiones, hoy mutó. No es normal tener más de 1.230 denuncias anuales al 147 o que las detenciones se hayan duplicado en 2025 respecto al año anterior», sentenció.
El senador subrayó que la ley busca otorgar a la Policía la herramienta contravencional necesaria para actuar con firmeza, especialmente contra las mafias y organizaciones criminales que se esconden tras la actividad.
Respecto al contexto político, Seisas remarcó que el actual es el momento oportuno para avanzar con la normativa, ya que, al tratarse de un año no electoral, la política puede finalmente abordar un conflicto social tan profundo sin el sesgo de la especulación por los votos. Para el senador, es fundamental que el debate se dé con honestidad técnica, permitiendo que la ley sea el punto de partida de un ordenamiento que la sociedad reclama desde hace años.
En cuanto a la aplicación práctica, el legislador explicó que la ley provincial funcionará como un marco general que otorga facultades a la Policía, pero delegará en los municipios la letra chica. Según Seisas, los Concejos Deliberantes —como el de Rosario— deberán emitir sus propias ordenanzas para regular la prohibición en sus jurisdicciones, entendiendo que cada cuerpo legislativo local funciona como la «caja de resonancia» de los problemas específicos de sus ciudadanos.
El senador hizo hincapié en que la propuesta no se agota en la faz punitiva, sino que exige un abordaje social integral. Si bien la ley busca combatir la extorsión, también contempla la realidad de quienes están en situación de calle o atraviesan consumos problemáticos. En este sentido, Seisas subrayó que el Estado debe activar mecanismos de contención para diferenciar claramente a quienes necesitan inclusión de aquellos que están vinculados a redes delictivas.
Para Seisas, la aprobación de la ley en Diputados no será el punto final, sino el inicio de un ordenamiento necesario. «Tenemos que poner límites claros. La ley es el comienzo real de un debate que debió darse hace años para decidir qué herramientas tiene el Estado para incluir a quienes aún están fuera del sistema, pero protegiendo siempre al ciudadano de la extorsión», concluyó.
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