La imagen se repite estos días: miles de personas cruzando a nado o saltando la valla fronteriza hacia Ceuta y Melilla, mientras el Gobierno moviliza al Ejército y las cifras de fallecidos aumentan hora a hora. En la última gran oleada, las autoridades han contabilizado más de 50.000 entradas y decenas de muertos en el intento de cruce por mar. En medio de la cobertura, vuelve una pregunta que resurge cada vez que estas ciudades ocupan portada: ¿por qué dos ciudades situadas en el continente africano son territorio español?
No son colonias: son ciudades españolas desde antes de que exista Marruecos como Estado moderno
La clave jurídica e histórica es esta: Ceuta y Melilla no fueron incorporadas a España como parte del reparto colonial de África en el siglo XIX o XX, sino siglos antes.
- Melilla pasó a soberanía de la Corona de Castilla en 1497.
- Ceuta fue portuguesa desde 1415 y pasó a España en 1668, mediante el Tratado de Lisboa, tras la separación de las coronas de España y Portugal.
Es decir, ambas ciudades llevan bajo soberanía española entre 350 y más de 500 años, siglos antes de que Marruecos existiera como el Estado independiente que conocemos hoy (que se constituyó como tal en 1956, al independizarse del protectorado franco-español). España sostiene por ello que Ceuta y Melilla no son un vestigio colonial, sino territorio nacional continuo, en la misma lógica que Melilla o Ceuta llevan siendo España desde mucho antes de que el actual Reino de Marruecos trazara sus fronteras modernas.
El estatus legal actual
Desde el punto de vista del derecho internacional, varios elementos refuerzan la posición española:
- Estatuto de Autonomía: desde 1995, Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas de España, con Estatuto propio, representación en el Congreso y el Senado, y plena integración institucional en el Estado español.
- Miembros de la Unión Europea: como parte de España, ambas ciudades forman parte de la UE (con particularidades, como quedar fuera de la unión aduanera común y del espacio Schengen pleno en su frontera terrestre), lo que las convierte en las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África.
- No figuran en la lista de la ONU de «territorios no autónomos»: a diferencia de casos como el Sahara Occidental, Ceuta y Melilla no están catalogadas por Naciones Unidas como territorios pendientes de descolonización.
- Población y referéndum histórico: la población de ambas ciudades ha rechazado mayoritariamente en distintos momentos cualquier cambio de soberanía, y no existe un proceso de autodeterminación en curso reconocido internacionalmente, como sí lo hay, por ejemplo, para el Sahara Occidental.
La reclamación marroquí
Marruecos reclama formalmente la soberanía de ambas ciudades, a las que denomina «presidios ocupados», y las compara con reivindicaciones como la de Gibraltar por parte de España. Sin embargo, a diferencia de esta última, Marruecos nunca ha llevado la disputa de forma sostenida a instancias como la Corte Internacional de Justicia o el Comité de Descolonización de la ONU, y no existe ninguna resolución internacional que reconozca esa reclamación. Para España, se trata de una cuestión cerrada de soberanía nacional, no de un contencioso de descolonización pendiente.
Por qué esto importa ahora mismo
El estatus de frontera terrestre única entre la UE y el continente africano es precisamente lo que convierte a Ceuta y Melilla en un punto de máxima tensión migratoria y, en ocasiones, de presión política por parte de Marruecos. La crisis actual se ha visto agravada, según fuentes citadas por medios españoles, por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las llamadas «devoluciones en caliente» en el mar, y por la difusión de rumores —incluso avisos falsos por redes sociales— sobre una supuesta apertura de la frontera española. El resultado ha sido una entrada masiva y descontrolada, con un alto coste humano, que ha llevado al Gobierno a desplegar al Ejército en apoyo de la Guardia Civil.
Entender el estatuto legal de estas ciudades no resuelve la crisis humanitaria en curso, pero sí permite separar dos debates que a menudo se mezclan: la legitimidad de la soberanía española —asentada histórica y jurídicamente— y la gestión, muy distinta, de los flujos migratorios en una de las fronteras más sensibles de Europa.
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