Este lunes tuvo lugar una nueva jornada de protesta en la capital de Bolivia, donde la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre de 2025. Por otro lado, la fiscalía pidió la detención del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, uno de los líderes de la protesta.
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El conflicto inició hace dos semanas cuando distintas organizaciones sindicales, vecinales e indígenas exigieron un aumento salarial del 20% y pidieron la dimisión de Paz. En este contexto, bloquearon las principales rutas que rodean La Paz y El Alto, en la periferia, lo que provocó un desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos. Se estima que solo en la zona hay 15 puntos de bloqueo. La protesta se extendió por otros puntos del país.
Los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz pidieron en las últimas horas al Gobierno declarar un «estado de excepción sectorizado». Su Constitución faculta a declarar estado de excepción en casos de «conmoción interna» en todo o parte del territorio nacional, sin que ello implique la suspensión de los derechos de la población.
La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación.
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