Una investigación judicial permitió desarticular una organización narco que operaba en barrio San Francisquito y que, según la acusación, funcionaba como una «pequeña empresa» del delito, dedicada a la venta de drogas al menudeo, extorsiones y ataques armados. En total, 18 personas fueron imputadas y quedaron en prisión preventiva por dos años.
El caso se originó a partir de una balacera contra un kiosco de barrio Triángulo, en Rosario, el 13 de noviembre de 2025. Dos atacantes en bicicleta —uno armado y otro filmando— efectuaron disparos y dejaron una nota intimidatoria dirigida al dueño de una distribuidora: “Paguen o vamos a matar a un empleado”. A partir de ese hecho, se sucedieron nuevos ataques y amenazas que derivaron en una investigación más amplia.
Con el avance de la investigación, que incluyó peritajes balísticos e intervenciones telefónicas, los fiscales Alejandro Ferlazzo e Ignacio Hueso lograron identificar a una estructura compuesta por 18 personas, acusadas de integrar una asociación ilícita con múltiples roles.
Según expusieron en audiencia, el líder de la organización sería Maximiliano Acosta, quien se encuentra detenido en el Complejo 6 de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Desde allí, y a cientos de kilómetros, habría dirigido una estructura piramidal dedicada a la comercialización de estupefacientes, utilizando a allegados como intermediarios para transmitir sus órdenes.
La jueza María de los Ángeles Granato dictó la prisión preventiva por el plazo de dos años para todos los imputados.
De acuerdo a la acusación, la organización operaba al menos desde octubre pasado y tenía como principal zona de influencia distintos pasillos del barrio San Francisquito, con accesos por Amenábar al 3900, Alsina al 2900 y Lavalle a la misma altura. También se detectó actividad en sectores cercanos al mercado de concentración ubicado en 27 de Febrero y Castellanos.
La investigación también puso el foco en una presunta convivencia policial. Según señalaron los fiscales, el grupo contaba con información privilegiada que le permitía anticiparse a medidas judiciales: “La banda se valía de datos aportados por integrantes de la fuerza, que los alertaban sobre procedimientos en curso”, indicaron.
Para los investigadores, el accionar de la banda combinaba la venta de drogas con mecanismos de intimidación, configurando un esquema organizado que buscaba consolidar su presencia en la zona y disciplinar a posibles víctimas o competidores.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras se profundizan las líneas que apuntan a determinar el alcance total de la red y el eventual involucramiento de efectivos policiales.
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