A semanas de cumplirse el primer aniversario de las internaciones que encendieron las alarmas por el uso de fentanilo contaminado en hospitales y sanatorios del país, familiares de las víctimas fatales volvieron a reclamar justicia, memoria y respuestas concretas del Estado.
Este jueves, la Auditoría General de la Nación (AGN) convocó a allegados de los fallecidos a un taller de planificación participativa con el objetivo de definir los próximos pasos de una auditoría de gestión sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
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La actividad se desarrolla desde las 10.30 en el edificio Presidente Alfonsín, en la ciudad de Buenos Aires, y reúne a familiares de distintos puntos del país en un momento especialmente sensible para quienes atraviesan el duelo y siguen esperando explicaciones oficiales.
“Nos sentimos bastante solos”
Desde Rosario, una de las ciudades más golpeadas por el caso, familiares y amigos de las víctimas expresaron el dolor que todavía atraviesan y la sensación de abandono que, aseguran, sienten desde que estalló el escándalo sanitario. “La gente no se compromete con nosotros, no nos acompaña, nos sentimos bastante solos, como que está todo muy en silencio”, lamentó una de las familiares consultadas.
En esa misma línea, insistieron en la necesidad de que el reclamo no pierda visibilidad con el paso del tiempo. “Necesitamos del ruido, necesitamos que la gente sepa, nos acompañe, porque esto es muy doloroso para nosotros”, agregaron.
La proximidad de las fechas en las que comenzaron las internaciones, los diagnósticos y las muertes volvió a poner en primer plano el impacto emocional que dejó la tragedia en las familias. “Cuando te confirman que la causa del fallecimiento era por esa bacteria y que no era su momento, causa mucho dolor. La vida de nosotros nunca más volvió a ser la misma”, expresaron.
La AGN apunta a los controles del Estado
Desde la Auditoría General de la Nación explicaron que la convocatoria se produce en medio de un escenario todavía abierto en el plano judicial e institucional.
Según indicaron en un comunicado, el objetivo es avanzar sobre una auditoría vinculada a los mecanismos de control estatal, en una causa que investiga posibles responsabilidades de organismos como el Ministerio de Salud, la Anmat y el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).
“La convocatoria se da en un contexto crítico: una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales (…) y una comisión investigadora cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”, señalaron desde la AGN.
Cómo empezó el brote que desató la crisis
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado de la Cámara de Diputados, las primeras alertas sanitarias se activaron el 15 de abril de 2025, cuando en el Hospital Italiano de La Plata se detectaron tres cultivos positivos de la bacteria Ralstonia pickettii.
A partir de una investigación interna, se estableció que esos pacientes habían recibido fentanilo del lote 31202, uno de los lotes luego señalados como contaminados. Más tarde también quedó bajo la lupa el lote 31244, ambos vinculados a una campaña de producción del 18 de diciembre de 2024 atribuida a HLB Pharma / Laboratorios Ramallo, según la causa judicial y reportes periodísticos.
En total, se trató de más de 300 mil ampollas distribuidas a distintos puntos del país, una parte de las cuales fue utilizada antes de que se activaran los mecanismos de alerta y retiro.
Las preguntas que todavía no tienen respuesta
Con el avance de la investigación, los principales interrogantes siguen apuntando a por qué fallaron los controles y cómo fue posible que un producto de esas características circulara dentro del sistema sanitario.
También se investiga por qué el laboratorio involucrado continuó operando y distribuyendo medicamentos pese a los antecedentes y medidas previas que pesaban sobre la firma, un punto que hoy aparece en el centro de las sospechas sobre eventuales responsabilidades administrativas y penales.
Mientras tanto, para las familias, el reclamo sigue siendo el mismo: verdad, justicia y memoria para las víctimas.
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